Fernando Zunzunegui
La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, ha establecido la obligación de prestar servicios financieros destinados a los consumidores de forma electrónica. A estos efectos se consideran “servicios financieros destinados a consumidores” los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros.
Los servicios financieros son considerados servicios al público de especial trascendencia económica lo que justifica la obligación empresarial de contratar de forma electrónica en busqueda de la eficiencia del mercado y de la protección de los derechos de los usuarios. (más…)
Se ha publicado en el BOE la ley de transposición al Derecho español de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (MiFID), por la que se reforma la Ley del mercado de valores (LMV). Es la reforma más importante desde la promulgación de la LMV en 1988. Da nueva redacción o modifica 50 artículos y añade 43 nuevos artículos al texto de la Ley. El resultado es una nueva ley cuya refundición con otras leyes financieras deberá realizar el Gobierno en el plazo de un año. 
Los Incoterms y las Reglas y Usos Uniformes, RUU 2006, sobre el crédito documentario promulgadas por la CCI, el Master Agreement, verdadero acuerdo marco multiproductos (incluye tipos, monedas, los diferentes tipos de swaps, caps, floors) y los modelos de contratos en materia de swaps, elaborados por la International Swaps and Derivates Association (ISDA), son sólo algunos de los exponentes más relevantes económicamente, de la producción privada de reglas que se pueden incluir en la lex mercatoria. 
Este verano hemos vivido una crisis de liquidez de los mercados interbancarios. Su origen se sitúa en los Estados Unidos, donde se han generado y empaquetado, para su distribución entre los inversores, hipotecas de alto riesgo. Estas hipotecas se habían concedido en muchos casos por entidades no bancarias, interesadas en las comisiones generadas en el proceso de creación del producto y de empaquetado, para su posterior comercialización en complejas cadenas de titulización de activos. Las empresas de rating actuaron como un elemento más de la cadena, contribuyendo al diseño y mejora del producto final, lo cual permitía otorgar buenas y atractivas calificaciones. De este modo se ofrecía un nuevo producto al mercado, en forma de bonos respaldados por activos, que por su gran atractivo y rentabilidad pasaba sin dificultad a formar parte de las carteras de los fondos de inversión y de los inversores profesionales. 
La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, reforma la Ley de regulación del mercado hipotecario y otras leyes financieras. También se ha aprovechado para determinadas modificaciones de la legislación procesal y fiscal.
La asociación de consumidores ADICAE ha organizado, con el patrocinio del Instituto Nacional del Consumo, un seminario sobre los “Retos de los consumidores ante las nuevas ofertas de ahorro-inversión”, a celebrar el martes 11 de diciembre de 2007 en Barcelona, en la sede del Colegio de Economistas de Cataluña.
El Proyecto de ley de inversión en bienes tangibles, rebautizado en el trámite parlamentario como “Proyecto de Ley de protección de los consumidores de la contratación de bienes con oferta de restitución del precio” ha sido aprobado en el pleno del Congreso del 29 de noviembre de 2007, por 197 votos a favor, del Partido socialista y de los nacionalistas, y 126 en contra, del Partido Popular. Es una ley que nace como respuesta política al fraude piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa.
