El Banco de España es el instructor de los expedientes disciplinarios que afectan a las entidades de crédito y a sus altos cargos, siendo además competente para la imposición de sanciones graves y leves. Es la autoridad sancionadora del mercado del crédito. Por esta razón, sus comentarios en materia disciplinaria adquieren especial relevancia. Y no suelen ser frecuentes.
Por ello recibimos con gran interés el artículo sobre “La responsabilidad de los administradores y directivos de las entidades de crédito”, publicado en el número 11 de Estabilidad Financiera, de noviembre de 2006, del que es autor Jaime Herrero, jefe de la División de Asesoría Jurídica Contenciosa del Banco de España. En él se ofrece una clara síntesis del régimen sancionador del mercado del crédito, con una mención especial a la disciplina aplicable a los altos cargos de la banca. Destaca Herrero, algunos criterios generales que aplica el Banco de España en sus resoluciones. Por un lado afirma que “la singular cualificación de las personas físicas que administran o dirigen las entidades de que se trata, lleva a presumir que su preparación les permite detectar las consecuencias probables de las prácticas que tales entidades desarrollen, haciéndolas responsables, tanto si aceptan la producción de tales consecuencias como si no adoptan las prevenciones necesarias para evitarlas”. Para concluir que si bien, las normas administrativas no admiten una responsabilidad objetiva o automática, “también aparece establecido que ese elemento puede inducirse de la mera objetividad de la pertenencia a un órgano de administración o control de la entidad, que obliga a prevenir y vigilar el incumplimiento de la normativa dirigida a evitar situaciones irregulares.”
Tras hacer énfasis en los principios de legalidad y tipicidad que informan el ejercicio de la potestad sancionadora y justificar un régimen especialmente riguroso por tratarse de empresas que operan con el dinero del público, no acaba de entenderse las referencias finales a la autorregulación, que en materia sancionadora, sólo puede tener un papel accesorio.
Una vez admitidos los valores a negociación en bolsa los inversores gozan de las ventajas que proporcionan la liquidez del mercado y la seguridad de las transacciones. La bolsa les asegura poder comprar o vender en cualquier momento a través de sistemas organizados de negociación. Con la suspensión de la negociación los inversores se ven privados de la posibilidad comprar o vender sus títulos en el mercado. Podrán hacerlo fuera de bolsa, en el mercado gris que se crea cuando las suspensiones se prolongan en el tiempo, pero sin las garantías, como la referencia que proporciona la cotización oficial, que ofrece la bolsa.
Las empresas pueden acudir a la bolsa como forma alternativa a la financiación bancaria. La cotización en bolsa da prestigio a la marca, contribuye a la buena gestión de la empresa y proporciona liquidez a los accionistas. No obstante, la salida a bolsa tiene un riesgo de reputación. Como consecuencia de una débil demanda de títulos o un cambio de la coyuntura del mercado el oferente se puede ver forzado a suspender la salida a cotizar, como recientemente le ha vuelto a ocurrir a LaNetro. Una salida frustrada puede dañar la imagen a la sociedad y hacerle perder oportunidades de negocio. Ante las dificultades de salir a bolsa, siempre se podrá acudir a las sociedades de capital-riesgo o a los denominados business angels, en busca de financiación al margen del mercado.
Los mediadores de seguros son profesionales que colaboran con las entidades de seguros en la distribución de sus productos entre el público. El mediador nos informa del producto, nos presenta la póliza para que la firmemos y gestiona la relación con la compañía de seguros, en particular en caso de siniestro.
El objetivo de la legislación financiera es la seguridad del ahorro. En España hay un cierto caos de leyes financieras. Carecemos de un código que las sistematice y simplifique, como existe en Francia o en el Reino Unido. No obstante, aunque dispersas, todas las leyes financieras, con el fin de proteger el ahorro, integran una red de seguridad con tres pilares: la regulación, la supervisión y el tratamiento de las situaciones de crisis.
Las agencias de calificación o de rating, califican el riesgo crediticio de los emisores de valores y de sus obligaciones financieras. Son intermediarios de la información. De este modo ayudan a los inversores a adoptar sus decisiones, pero sin convertirse en sus asesores. La calificación no debe ser interpretada como una recomendación de compra o venta de un valor. Es una mera predicción sobre la probabilidad de que un emisor quiebre incumpliendo sus compromisos.
Las ofertas públicas de adquisición, o simplemente opas, según admite la Real Academia, son ofertas públicas destinadas mediante la adquisición de acciones a obtener o reforzar el control de una sociedad cotizada en Bolsa. Dan lugar a una subasta, gestionada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo objeto es el control de la sociedad afectada, y en la que pueden existir nuevas pujas, que reciben la denominación de ofertas competidoras o «contraopas».
